En honor a la reconocida primatóloga inglesa que falleció el pasado 1 de octubre, la “ley Jane Goodall” del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de España, será la primera norma del mundo que regule la protección de especies como el orangután, el chimpancé, el bonobo y el gorila, que hoy en día siguen siendo objeto de tenencia y tráfico ilegal.
En España hay más de 140 grandes simios en zoos o centros de rescate, según el Instituto Jane Goodall. Algunos fueron confiscados de importaciones ilegales y otros por entregas voluntarias de zoos o asociaciones.
La situación de estos animales es diferente en cada sitio, pero los estudios del Proyecto Gran Simio han detectado algunos problemas comunes, como la ausencia de estándares mínimos para asegurar su bienestar, la creación de grupos sociales inadecuados (por ejemplo, con un exceso de machos), la opacidad de los datos (que dificulta la evaluación independiente de su situación), la gran heterogeneidad de las instalaciones, el mantenimiento de programas de reproducción sin una finalidad clara, los escasos recursos de los santuarios y los refugios, y la evidencia de un bajo nivel de bienestar psicológico entre los animales encerrados.
Además de las condiciones mínimas para una vida digna, el Instituto Jane Goodall exige que los grandes simios en cautividad residan en un entorno con espacio suficiente y estructura para desarrollar un comportamiento normal y asociado con individuos compatibles.
Así pues, con esta iniciativa, el Gobierno pretende asegurar «la dignidad, el derecho a la vida, a la libertad y a la no tortura de grandes simios», algo que venían reclamando las principales asociaciones del sector desde hace años.
El texto de la futura “ley Jane Goodall” todavía está en su fase más incipiente, quedando por definir las líneas principales de esta nueva ley, pero el Ministerio de Derechos Sociales ha marcado ya sus objetivos principales: erradicar el tráfico ilegal de estas especies y prohibir expresamente la tenencia, experimentación o investigación «cuando pueda producirles daño o sufrimiento». También se vetará usar estos animales con fines comerciales y espectáculos «que menoscaben su dignidad», y se establecerán unas «condiciones rigurosas» para su custodia», siempre con el propósito de su conservación. Por último, se pretende también restringir la tenencia y cría en cautividad en zoológicos.
Asimismo, las entidades de bienestar animal, exigen finalizar los programas de reproducción y prohibir la separación de las crías de sus madres o grupos si no es con fines veterinarios.
No obstante, cabe indicar que la “ley Jane Goodall” no es algo nuevo, ya que dicha norma deriva de un mandato de la ley de bienestar animal, aprobada en 2023, en cuya disposición adicional cuarta se daba un plazo de tres meses para que el Ejecutivo presentase un proyecto de ley de grandes simios. Más de dos años después, se ha retomado esa obligación.
«Es una ley pionera en todo el mundo. No existe ningún país que ofrezca una protección a los grandes simios», ha destacado la secretaria de Estado de Derechos, Rosa Martínez.
Si la “ley Jane Goodall” llega a buen puerto, España se convertiría en el primer país en reconocer, por ley, derechos básicos para los grandes simios, animales que comparten muchas similitudes cognitivas y de comportamiento con los humanos.
Fuentes: National Geographic, Climática y 20minutos
